El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención sobre los Derechos del Niño. América Latina lideró el proceso de ratificación y menos de un año después, en tiempo récord, la Convención ya entraba en vigencia. En la región, esto coincidió con la consolidación de los procesos de transición a la democracia, dejando atrás los regímenes dictatoriales y las violaciones masivas a los derechos humanos que trágicamente caracterizaron las décadas previas.
Pero es claro que, la constitucionalización de la Convención y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes -más allá del gran avance cualitativo que implica- no alcanza por sí sola a satisfacer la exigencia de adecuación del derecho interno a las obligaciones asumidas por los Estados al ratificar la Convención.

A partir del estudio pormenorizado de los códigos de niños, niñas y adolescentes o leyes de protección integral, junto con los elementos pertinentes de la demás legislación general, se elaboró un informe riguroso y detallado del estado de situación de la adecuación normativa en diecinueve países de América Latina. El informe no se reduce a la descripción y análisis de la ley, sino que busca detectar tanto los avances realizados como las mejoras legislativas pendientes.